ANATOMIA DE UNA TRAICION ABSURDA

Por Hugo J. Byrne

(versión libre en castellano del artículo original en inglés, con algunas adiciones)


Recientemente me he enterado de ciertas noticias indecentes, las que no me toman por sorpresa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a Castrolandia investigadores del FBI el año pasado en búsqueda de evidencias inculpatorias contra Luis Posada Carriles en atentados con explosivos en hoteles de La Habana a finales de los años 90. Existe algo que pudiera considerarse (estirando la verdad) como un precedente. Hace un par de años un tribunal de Florida hizo algo similar. Una visita a La Habana fue requerida por la defensa durante el juicio de 5 espías de Castro quienes conspiraban para informar al enemigo sobre instalaciones militares norteamericanas y grupos de exiliados cubanos, permitiendo a los defensores interrogar a personeros del régimen totalitario castrista.

Empero, para la comunidad cubanoamericana y para toda persona capaz de pensamiento libre y crítico, existe una diferencia abismal entre ambas situaciones. En el caso de los cinco espías castristas, aunque irracionalmente, el tribunal actuó dentro de sus potestades legales, sin esconder nada al público. Las declaraciones de los sicarios del régimen fueron grabadas en La Habana y más tarde exhibidas públicamente en sesión del tribunal.

Los intrincados y absurdos esfuerzos de la defensa no tuvieron resultados positivos. Reconociendo la insania de conferir a los autores intelectuales del crimen la condición de legítimos testigos, un jurado integrado principalmente por minorías (entre las que habían sido arbitrariamente excluídas los exiliados cubanos) encontró a todos los reos culpables de todas las acusaciones. Todos los cinco fueron condenados a distintas penas de privación de libertad y dos de ellos sirven prisión perpetua por complicidad en el asesinato premeditado de cuatro cubanoamericanos.

Este último crimen, observado y fotografiado desde un crucero turístico, ocurrió sobre aguas internacionales en el Estrecho de la Florida cuando dos interceptores de la Fuerza Aérea del régimen derribaran a dos desarmadas avionetas comerciales de matrícula norteamericana en 1996. Las naves pertenecían a la organización de socorro marítimo Hermanos al Rescate y su derribo fue autorizado por el llamado Ministro de las Fuerzas Armadas del régimen y ahora temporal jefe del estado en Castrolandia, Raúl Castro. Todos estos detalles son minuciosamente conocidos y documentados por los sucesivos gobiernos de Clinton y Bush.

Todas las acusaciones del Departamento de Justicia contra Posada estaban relacionadas hasta ahora sólo a su presunta entrada ilegal a territorio norteamericano, cargo que si fuera utilizado contra todo sospechoso del mismo delito, embotellaría nuestros tribunales por un siglo. Además de singularizar a Posada con una acusación probablemente aplicable a millones de sospechosos residentes ilegales y de la que esa dependencia federal es notoriamente prevaricadora, la debilidad del caso contra Posada se hizo ostensible en la vista que para pedir confinamiento domiciliario bajo palabra ocurriera en un tribunal federal de El Paso, Texas, el 3 de marzo del 2007. Un servidor de los amables lectores estaba presente y fue testigo de esa debilidad.

El envío de agentes del FBI a La Habana fue mantenido en secreto por la administración hasta ahora. El régimen castrista se había negado a cooperar con Washington en ese tipo de investigaciones durante los últimos ocho años. Las acciones frenéticas del Ejecutivo para mantener a Posada en prisión por el mayor tiempo posible demuestran más allá de toda duda su desconfianza en el caso migratorio contra el acusado y su deseo de utilizar otra acusación para apaciguar al gobierno venezolano de Hugo Chávez (el que al presente provee 17% del crudo que importa Estados Unidos). Existe también la sospecha de que absurdamente esperen mejorar las relaciones con los otros muchos críticos de la política exterior norteamericana, especialmente en la guerra de Irak. Más allá de las implicaciones éticas de esta acción deleznable en la comunidad cubanoamericana, se trata de un error político morrocotudo y como acertadamente reflexionara Napoleón, por regla general los errores en política tienen peores consecuencias que los crímenes.

Se ha dicho que el Departamento de Justicia está ahora pidiendo que la corte no contemple las relaciones pasadas entre Posada y La Agencia Central de Inteligencia como evidencia en el juicio. Aún en el caso que la corte aprobara semejante arbitrariedad, eso no impediría que la comunidad cubanoamericana y la prensa anti gubernamental (en este caso, irónicamente con un interés común) probaran que esas acciones federales no avanzan la juticia. ¿Qué secretos de estado o seguridad nacional pudieran ser comprometidos mediante la exposición de anécdotas de la guerra fría que tuvieron lugar hace más de treinta y cinco o cuarenta años?

Esa actitud cínica de la administración de Bush está poniendo a los legisladores cubanoamericanos y otros muchos republicanos de Florida y New Jersey en una situación sumamente incómoda. Ellos saben que el Partido Republicano ni nació ni morirá con la presente administración y los aterra que el voto cubano se quede en casa en el 2008 y que sus contribuciones se terminen. Al fin y al cabo Bush es el único que se va permanentemente para su casa en el 2009.

Después que yo escribiera en el 2005 una carta abierta al Presidente (que circulara ampliamente por toda la Red) en la que pedía la liberación inmediata de Posada y la de mi amigo Santiago Alvarez, supe que el Departamento de Estado estaba “monitoreando” mi columna semanal en Guaracabuya, una de las más populares revistas cubanas en la Red. La cibernética es un glorioso antídoto contra la desinformación. Por eso el régimen castrista hace lo indecible por controlarla. ¿Por qué el Departamento de Estado y nó el de Justicia? Esa actividad simultánea de dos diferentes dependencias del mismo poder ejecutivo sobre el mismo tema es indicación abrumadora que el caso contra Posada es de naturaleza política. Es también un presagio ominoso de lo que puede suceder mientras continúe la presente ambigua y traicionera política de la Casa Blanca hacia la comunidad cubana libre.

Merecemos mejor trato por parte de un gobierno que nunca hubiera sido sin el voto cubano y emplearemos todas las formas legales a nuestra disposición (las que son muchas) para que se nos respete ahora y en el futuro.



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