¿Se acabó el lavado de dinero? por ERNESTO F. BETANCOURT El escándalo del UBS y los 3,900 millones de dólares que Castro depositara en ese banco a través de siete años no pueden ser barridos elegantemente bajo la alfombra. En estos momentos, en que se revelan los crímenes financieros cometidos por Augusto Pinochet hace tiempo, no veo por qué hay que aceptar que se eche tierra a un escándalo mucho más reciente. Es cierto que lo de Pinochet explotó por una investigación senatorial promovida por el Senador Carl Levin. En este caso, hará falta que los congresistas cubanoamericanos, ahora fortalecidos con un senador, demanden una investigación similar. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de emitir su informe sobre remesas a América Latina en el 2004 y decidió no incluir a Cuba. Quien me llamó, solicitó no comentara las razones que me dio. Por tanto, me limito a dejar constancia de que ya el BID no encubre el lavado de dinero de Castro. Buena noticia, aunque parece que ese encubrimiento ya es superfluo. El escándalo del lavado de dinero se inició con la revelación de los 3,900 millones de dólares en efectivo que depositara Castro en el banco Union des Banques Suisses (UBS) de Suiza durante siete años. Esto motivó una multa de cien millones de dólares de la Reserva Federal de NY a dicho banco por violación de contrato. En las audiencias del Comité de Banca del Senado, el 20 de mayo de 2004, el Sr. Richard Newcomb, a la sazón director de la OFAC, Oficina de Control de Activos Financieros de la Tesorería de EEUU, entidad responsable de hacer cumplir el embargo a Cuba, presentó un breve y patético informe de dos páginas. No tenía nada que decir porque por siete años la UBS lo había engañado. Un lacónico comunicado de prensa de la Tesorería anunció, en septiembre de 2004, que había sido reemplazado en el cargo. Hablando en febrero de 2005 ante la Asociación de Banqueros de la Florida, Juan Carlos Zárate, secretario adjunto de la Tesorería sobre Financiación del Terrorismo y Crímenes Financieros, hizo referencia al caso UBS, pero limitado a la multa por violación del contrato. En una entrevista en El Nuevo Herald, en julio, había hecho referencia a una investigación iniciada en las cortes de Nueva York. Pero en ningún comunicado de prensa de la Tesorería o del FinCEN, sigla de la red establecida para hacer cumplir las reglas contra el crimen financiero, ni en comunicaciones con voceros de la Tesorería, ha sido posible obtener información sobre acción alguna tomada ante un caso tan flagrante de lavado de dinero: 3,900 millones de depósitos en efectivo. ¿Será que la cuantiosa multa era un acuerdo entre banqueros para cerrar el asunto y echarle tierra al crimen financiero cometido? ¿O será la influencia de UBS a través de su VP en EEUU, Phil Gramm, antiguo senador republicano por Texas? ¿Habrá una política de silencio sobre los crímenes financieros de Castro y UBS? Ciertamente, no la hay sobre los de Pinochet y el banco Riggs. Los congresistas cubanoamericanos de la Florida se interesaron en el asunto desde el principio. Y, uno de ellos, la congresista Ileana Ros-Lehtinen, en carta del 29 de octubre de 2004, envió al secretario del Tesoro una lista de ocho bancos a través del mundo donde entendía se habían realizado depósitos en efectivo similares a los de UBS. Esto hacía aún menos factible la explicación que dio Granma. Me explico. La revelación del escándalo tuvo lugar en esta columna el 5 de junio de 2004. El día 8, el Granma, en una Nota Informativa, tildó de ''infamia repugnante'' lo revelado en esa columna, argumentando que el efectivo depositado resultaba de las remesas de emigrantes y los ingresos por turismo. Pero la mayoría de las remesas van por giros, o por medios electrónicos, sólo una pequeña parte va en efectivo. Y los turistas compran paquetes a través de agencias de viajes, pagados con cheques o tarjetas de crédito. Pero el escándalo de UBS desató algo muy dañino a los intereses financieros de Castro. El 22 de octubre de 2004 el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, radicado en París, ente coordinador de las acciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, emitió su Resolución IX que obliga a los bancos internacionales a solicitar información de sus clientes que hacen depósitos en efectivo. Tres días después, el 25, el Banco Central de Cuba, emitió su Resolución 80 poniendo fin a la libre circulación de los billetes de dólar, la moneda de los traficantes, en la isla. En su larga presentación el 25 de octubre, Castro, como hace siempre, trató de poner la mejor cara al revés sufrido. Dio el remoquete de ''soberanía monetaria'' a las medidas tomadas. Con los recientes acuerdos 13 y 15 del Comité de Política Monetaria del Banco Central acaba de expandir el uso propagandístico de la adversidad, aumentando las tasas de cambio del peso de 26 a 24 por dólar y del peso convertible, chavito, a 1.08 por dólar. Esto ni es ''soberanía monetaria'' ni mejora en la economía, señores, sino una confiscación más a los cubanos de ultramar y a sus familiares en Cuba, así como un aumento modesto en los paquetes de turismo en dólares. Desafortunadamente, el GAFI, al igual que la Tesorería de EEUU, se niega a hablar sobre el lavado de dinero por Castro, aunque sí lo hace sobre el de otros. Con ello le dejan el terreno libre para manipular la opinión pública a su antojo. Pero, diga lo que diga, parece que a Castro se le acabó el negocio de lavado de dinero revelado por el escándalo de UBS. En ese caso, el encubrimiento del BID ya no le hará falta. EL NUEVO HERALD
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