CAMBIOS INSTITUCIONALES PARA LA PRIVATIZACION

Por Ernesto Betancourt

En este comentario se amplía la idea sobre la ideología alterna a la organización feudal de la sociedad cubana creada por Castro para servir sus fines, la cual debe basarse en la propiedad privada. Si no se desmantela ese esquema institucional, la desaparición de Castro del poder significará poco para el pueblo. Es más, si se intenta esa sucesión sin hacer profundos cambios institucionales, se acabará en el caos porque ninguna de las figuras del régimen actual es capaz de dar el liderazgo carismático que provee Castro.

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Desmantelar el aparato institucional montado por Castro no puede limitarse a una proclama de regreso a la propiedad privada. Será necesario montar un mecanismo de tránsito para asegurar que, además de promover el crecimiento, se evita la malversación. Como en todo cambio estructural, el punto de partida debe ser el aparato institucional existente. Aquí sólo trazaremos un bosquejo de la arquitectura del nuevo andamiaje institucional para liberar la iniciativa individual del pueblo cubano.

El primer paso sería crear una Comisión Nacional de Privatización. Esta comisión tendría nivel ministerial y unidades de contraparte en todos los ministerios. El mandato básico sería guiar la transición de una economía estatal a una privada en un período no mayor de cinco años.

Su primera función sería tomar inventario de los activos de todas las empresas productivas cubanas actualmente propiedad del estado y emitir y administrar la distribución de certificados de propiedad de los bienes de producción nacional entre los grupos mencionados anteriormente: ciudadanos en general, trabajadores, ejecutivos y personas víctimas de arbitrariedades del régimen.

En segundo lugar, será función de la comisión regular y supervisar el proceso de privatización, ya sea por vía de subasta o venta a los trabajadores, directivos y otros que estén interesados en invertir en ellas los certificados de propiedad emitidos a resultas de la primera función. Cada ministro tendrá la responsabilidad de privatizar las empresas adscritas a su ministerio siguiendo las directrices que fije la comisión. Para asegurar que no se paraliza el funcionamiento de la economía, todas las empresas seguirán funcionando como hasta ahora hasta que se hayan privatizado y se traspase título y autoridad a las nuevas empresas privadas. Además, cuando sea pertinente, se definirá cualquier función regulatoria residual que corresponda al estado. El Ministerio de Auditoría y Control participará a lo largo de todo el proceso para velar por que no se produzcan desvíos de activos de las empresas en beneficio de los ejecutivos actuales, o sea ''la piñata'' nicaragüense.

En tercer lugar, la comisión será responsable de regular, registrar y supervisar la labor de firmas promotoras de conversión y creación de empresas privadas. Estas firmas promotoras serán una combinación de consultoras y banqueros inversionistas, de propiedad privada, que serán contratadas por cada ministerio para manejar el proceso de transferencia a los nuevos propietarios de las empresas que se privaticen, así como de restructurar dichas empresas. Las firmas promotoras incluirán especialistas legales, en contabilidad, informática, finanzas, economía de empresas, mercadeo y cuestiones tecnológicas, según sea relevante en cada caso, para asesorar sobre la organización de las nuevas empresas privadas. Estas firmas promotoras podrán, además, prestar asesoría a inversionistas que deseen crear nuevas empresas para llenar necesidades dentro de la sociedad que no son debidamente atendidas en la actualidad.

En cuarto lugar, la comisión deberá revisar los obstáculos que ofrece el sistema actual a la creación y funcionamiento eficiente de empresas, y recomendar al gobierno de transición los cambios necesarios para estimular la creación de nuevas empresas pequeñas y medianas como base para dar impulso al crecimiento de la economía y la expansión del empleo.

Finalmente, la comisión deberá coordinar una campaña nacional de divulgación y adiestramiento sobre la economía de mercado.

Este esquema ofrece la oportunidad a aquéllos dentro del actual régimen que ocupan posiciones gerenciales, y no son culpables de crímenes de lesa humanidad, para adquirir título legítimo de propiedad sobre una porción de las empresas en que laboran y no el usufructo precario de que disfrutan actualmente. Si prefieren, pueden optar por crear firmas promotoras de la privatización. Lo mismo podrán hacer los disidentes y cubanos de ultramar. Estos últimos pudieran, además, participar en el financiamiento de nuevas inversiones a través de un Fondo de Cubanos de Ultramar para el Desarrollo que emitiría bonos de participación en inversiones en las empresas que se crearan, junto con bancos privados cubanos y organismos financieros internacionales.

El sistema propuesto puede generar un crecimiento masivo de empleo privado, indispensable para absorber la mano de obra desplazada del empleo estatal. En Cuba hay un inmenso vacío institucional para proveer servicios de todo tipo, tales como compraventa, construcción y mantenimiento de viviendas, restaurantes, transportes, publicidad y comercio al detalle y mayorista, tanto interno como externo. Alrededor del turismo se puede generar una gran actividad de pequeña y mediana industria artesanal, de suministros y equipamiento. En el próximo comentario, hablaremos de la vivienda y la agricultura.


FIN


2004 El Nuevo Herald and wire service sources


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