PRIVATIZACIÓN EN CUBA:
¿FACTOR DE UNIÓN Y DESARROLLO O DE CONFLICTO SOCIAL?

I- INTRODUCCIÓN.

La privatización de la economía cubana, proceso inevitable que a pesar del régimen ya está en marcha, es un tema que no obstante haber sido estudiado desde diversos aspectos sufre de cierto soslayo en cuanto al problema básico que implica: la aceptación de que para llevarla a cabo hay que llegar a una concertación de intereses, donde todos los involucrados van a tener que ceder en algo.

Hay muchos puntos de vista pero usualmente enfatizan un aspecto de la cuestión que suele ser jurídico, económico o político. Tal vez sea útil plantear los extremos a fin de definir el problema. Para el jurista a ultranza, debe primar la subsanación de las injusticias y la vuelta al "status quo" anterior; para el economista que sólo enfoca en la eficiencia y la productividad lo que debe primar es el mejor resultado económico; y para el que considera la política como el arte de obtener la mayor popularidad con el mínimo de problemas la privatización se acomodaría a esa premisa.

No hay duda de que en un arreglo del devenir cubano hay que hacer justicia, ser eficientes y obtener un consenso de la población respetando las ideas siempre que no sean impuestas, patentemente nocivas o absurdas. El problema es de grado y de definir los límites mínimos que cada factor social puede y debe aceptar. Los países progresan cuando los ciudadanos saben que usualmente es imposible obtener la sociedad ideal que cada cual define para sí, pero que sí es posible vivir en una situación muy aceptable aunque siempre se aspire a mejorar alguna cosa.

Los cubanos lo sabemos también, pero sufrimos de dos traumas, el del exilio y el de la tiranía.

El exiliado tiende a guiarse instintivamente por la nostalgia, y sueña con un cambio rápido que haga volver a Cuba la prosperidad y la libertad, pero su vida diaria no depende de ello. Es una aspiración más espiritual que material. El cubano residente en la isla sueña también con la misma Cuba pero tiene la natural aprensión de un futuro que desconoce.

El régimen ha explotado esta aprensión presentando al exilio como un conjunto de codiciosos sin corazón que sólo quieren recobrar sus propiedades y para ello gestionan embargos y legislación revanchista.

Sabemos de sobra que no es así, pero es fácil distorsionar cualquier posición cuando se controlan los medios de comunicación; aparte de que en ocasiones algunos sectores del exilio inconscientemente ayudan al régimen tomando posturas que no son muy realistas ni ponderadas.

Los países del antiguo telón de hierro que han tomado el camino de la reforma han pasado y están aún pasando por diversos traumas pero han llegado a un mínimo de convivencia. Los que han vuelto de dictaduras de derecha a regímenes democráticos tales como Chile, Argentina o España han hecho lo mismo, aceptando cosas que parecían imposibles antes del cambio.

¿Quién iba a pensar que Santiago Carrillo volviese a España o que el ejército chileno aceptase volver a sus cuarteles sin disparar un tiro o que Gorbachev cediese el puesto a Yeltsin?

En todos los casos el cambio político ha ido acompañado de un cambio económico potenciado por la privatización. Sin duda ha sido tal vez el factor más importante, puesto que sin propiedad privada no hay libertades políticas, pero el cambio de la propiedad estatal a la propiedad privada no se ha desarrollado en el vacío.

Según de que país se tratase, de 40 a 70 años habrían transcurrido y al hacer los cambios se hizo necesario tomar en cuenta no sólo lo que sería teóricamente ideal, sino lo que parecía ser factible en el contexto jurídico, económico y político del momento vivido.

Cuba no va a ser una excepción. Los seres humanos reaccionamos en forma parecida ante problemas similares y a lo que debiéramos aspirar como cubanos es a hacerlo mejor que los que nos antecedieron en el proceso, lo cual no significa copiar irreflexivamente, sino crear con un espíritu que sea justo y cubano.

Tal vez seamos unos románticos pero creemos que Cuba tiene algo que aportar al proceso de organización social del siglo XXI. Al fin y al cabo experiencias no nos faltan. En un siglo hemos tenido capitalismo colonial, capitalismo clásico, períodos de social democracia y despotismo marxista.

Las posiciones extremas del exilio adolocen de una cierta inconsistencia conceptual. Se sueña con la restauración de la Constitución del 40 en su integridad, pero se hace poco caso al hecho de que fué una Constitución social demócrata con una serie de ideas que son anatema al esquema neo-liberal hoy en boga.

Lo cual no quiere decir que estas ideas sean necesariamente incorrectas, pero sí que van a sufrir un rudo ataque de ciertos sectores que aportarían capitales sólo si se les complace en lo que ellos estiman que es un esquema económico consecuente con sus aspiraciones.

El exilio no ha enfocado este problema en forma sistemática, dejándolo para después o adhiriéndose totalmente al sistema en boga, sin reflexionar a fondo sobre lo que convendría o no convendría hacer en un momento dado y en unas circunstancias difíciles.

Los cubanos de la isla a veces también son inconsistentes en cuanto a pretender que se mantenga un alto nivel asistencial del Estado (por encima de la educación y la salud), pues ello implicaría el control de buena parte de sus vidas y un nivel de tributación que pudiera ser asfixiante.

Debe pensarse que en una Cuba libre habrá que remunerar adecuadamente a los que presten los servicios y como bien sabemos el Estado paga con los recursos extraídos a los gobernados. Mantener un servicio de salud y de educación de primera son dos aspiraciones legítimas pero probablemente absorberían la mayor parte del presupuesto o en su defecto tendrían que ser pagados en parte y directamente por los ciudadanos.

Una sociedad libre y progresista resuelve estos problemas encarándolos con un espíritu práctico, cívico, patriótico y lo más importante: espíritu de virtud y de verdad. Los grandes pensadores, desde Tocqueville que dijo que América es grande porque es buena hasta Montesquieu que hacía residir las bases del Estado y de la libertad en la virtud, lo han identificado claramente.

En Cuba ha faltado totalmente la virtud al nivel oficial por 40 años. Antes de Castro también teníamos nuestros fallos que es preciso reconocer, aunque sin caer en las diatribas y difamaciones del presente régimen que engorda todos los vicios pasados para disimular los suyos.

La privatización va a ser el tema neurálgico del concierto social y puede ser fuente de concordia o de nuevas luchas y seria discordia según se maneje. De aquí el título de este trabajo.

El objetivo es intentar definir las contrapartidas que los cubanos debemos manejar, las cosas que las diversas tendencias deben ceder y los mínimos por los que es razonable luchar y no ceder. Y hablamos de mínimos porque los conciertos sociales se hacen a base de eso y no de pasar la cuenta íntegra al opositor.

Presentamos estas premisas básicas bajo el título de contrapartidas porque lo son. Ninguna funciona sin una reciprocidad de la otra parte involucrada en el quehacer de la reconstrucción.

Hemos omitido las formulaciones exclusivamente técnicas porque después de meditar sobre soluciones a diversos problemas, llegamos a la conclusión de que el exceso de detalle provoca más confusión que claridad.

Hay muchos datos sobre la situación actual que ignoramos (las estadísticas no son confiables) y asimismo ignoramos las circunstancias de tiempo y situación económica y social al momento de implementar las reformas. Creemos pues, que lo más útil es comenzar a pensar en cuáles principios debemos acoger para lograr reconstruir, que en propuestas demasiado específicas. Así pues, este trabajo sólo pretende lo siguiente: estimular la reflexión.

Y después de reflexionar, debemos poner de nuestra parte. Para arreglar a Cuba, hay que contar primero que nada con buena voluntad y segundo, como dijo Agramonte, "con la verguenza de los cubanos", pues verguenza nos ha de dar ver a nuestro país sumido en la miseria y la destrucción física y moral mientras los demás progresan.

II- EL ASPECTO JURIDICO.

No existe duda de que para que un país funcione y prospere tiene que existir respeto por la ley y las instituciones que ésta crea y ampara. Perdemos el tiempo ideando soluciones económicas "brillantes" si no hay voluntad de aceptar que existen límites razonables a la conducta humana. Este asentimiento de la voluntad a la norma jurídica es en cierta forma un fenómeno psicológico, pues la efectividad de la ley sólo depende en parte de la capacidad de forzar su cumplimiento a través de los medios legítimos (tribunales, etc.). La verdadera efectividad surge del convencimiento social de que es mejor vivir bajo la ley, pues la alternativa es la barbarie.

La característica básica de la ley para que sea aceptada es que sea justa y que se dirija al bien común. Este es el aspecto esencial y hay que convenir que el bien común con frecuencia no equivale ciento por ciento al bien individual.

Para llegar a un acuerdo justo hay que estar dispuesto a conceder ciertas cosas y a mantener unos mínimos. En los contratos consensuales que encontramos en la vida cotidiana, los cubanos sabemos que este principio es cierto y lo aplicamos sin mayores dudas. En general no hemos sido así en la contienda política, guiándonos frecuentemente por la pasión sectaria aunque hemos tenido etapas de gran lucidez de pensamiento. Veamos cuales son las principales contrapartidas jurídicas que los cubanos deben negociar.

Primera contrapartida jurídica.

Después de casi 40 años de arbitrariedad el pueblo cubano está deseoso de vivir bajo un sistema en que la ley no refleje el capricho o la ideología de un sector de la población. Pero, para que el sistema no resurja viciado hay que empezar por reconocer que se violó el Estado de Derecho y las Leyes de la República de Cuba. La República es nuestro país y no la Revolución de Castro, que constituye sólo un episodio de su historia. Enunciaríamos así la contrapartida:

Hay que aceptar que en muchas cosas se actuó injustamente y estar dispuesto a subsanar las injusticias en la medida de lo posible. El pueblo cubano de la Isla tiene que superar su aprensión y enfrentar este reto en forma inteligente y constructiva.

Segunda contrapartida jurídica.

Qué cosas son posibles es un tema legítimo a discutir. Aquí es útil insertar el preámbulo de la ley Húngara de "Compensación Parcial por Daños Causados por El Estado". Dice así:

En el interés de estabilizar las relaciones de propiedad, crear las condiciones

necesarias para la seguridad de las empresas y una economía de mercado,

el Parlamento guiado por el principio de constitucionalidad, y teniendo en

cuenta el sentido de justicia y la capacidad de la sociedad, ha dictado la

siguiente ley para remediar los daños ilegalmente causados por el Estado a las

propiedades de los ciudadanos".

Obsérvese que la ley habla del principio de constitucionalidad y de la necesidad de hacer justicia, pero específicamente se refiere a la capacidad de la sociedad. La mayor parte de las reclamaciones datan de actos realizados hace más de 40 años y se rechaza el concepto de intereses moratorios o compensación total. El artículo 4 de la Ley fija como suma máxima 5 millones de florines húngaros por cada propiedad o cada afectado. La compensación ciertamente no es amplia pero responde a las posiblidades del país. La de Checoeslovaquia asciende aún a menos.

Lo anterior significa que el exilio debe entender que Cuba (país mucho más endeudado y en mucho peores condiciones económicas que Hungría y Checoeslovaquia) no va a ser capaz de pagar grandes indemnizaciones y ciertamente no podrá hacer frente a las exigidas por la Ley Helms-Burton. Que sean debidas nadie lo duda. Que sea pagada una suma importante a cada afectado casi todos los que hacen cálculos realistas lo reputan económicamente imposible.

La contrapartida para el exilio es aceptar que el principio de legalidad se debe sustentar pero que en muchos casos la indemnización podrá ser muy modesta porque no hay para más.

Tercera contrapartida jurídica.

En el supuesto de que exista incapacidad para indemnizar siempre se puede restituir, también en la medida de lo posible.

Este principio es de los que crean conflictos en cuanto se menciona. Algunos de los confiscados sueñan con la restitución absoluta y los usuarios de sus bienes en Cuba temen la desposesión. Ambas cosas son exageraciones. La realidad es que en la práctica hay cosas restituibles en las cuales se puede conceder la posesión y el dominio y cosas en que sólo se puede restituir el dominio.

Ejemplos: Tomemos una empresa extranjera (confiscada por Castro) que requiere grandes aportaciones de capital para poner sus equipos e instalaciones en capacidad de competir internacionalmente. Obviamente se puede y debe restituir tanto el dominio como la posesión pues lo contrario sería torpe. ¿Para que incurrir en indemnizaciones, dejar de percibir los capitales y conservar una empresa ineficiente? El poseedor que es el Estado ve en la posesión de la empresa no un bien de uso sino una carga que no puede afrontar.

Tomemos en cambio el caso que tanto preocupa en Cuba, la vivienda habitación. Aquí la solución preferida en la Europa Oriental es restitución si la propiedad está deshabitada. En defecto de lo anterior se estipula el retorno del dominio, pero no de la posesión quedando el que habita la casa en calidad de inquilino con derecho de permanencia y un alquiler controlado y módico.

El dueño con el dominio y sin la posesión está obligado entonces a mantener la propiedad y repararla. El dueño no cuenta con un activo que produzca una renta razonable y el inquilino ya no es dueño. El negocio en sí no es muy atractivo para nadie. Las implicaciones económicas de este sistema son previsibles pero por ahora valga decir que jurídicamente la solución es aceptable. Se respeta la propiedad original y se ampara al poseedor actual porque para él este bien no sólo lo usa diariamente, sino que no puede sustituirlo dada la crisis habitacional.

El tratamiento de la propiedad agrícola en dichos países se ha acomodado también a las circunstancias, tomando en consideración una diversidad de casos y dando soluciones adecuadas. Por ejemplo, si la propiedad estaba poseída por una cooperativa se designan lotes de tierras a los cooperativistas y se sacan a subasta. Se dá una opción al reclamante que podría ejercer el derecho de concurrir a la subasta ofreciendo la compensación que se le debe como parte del precio o por el contrario se reputa que acepta la compensación. (Un buen ejemplo de este enfoque es el art. 21 de la ley 25 de 1991 dictada por la República Húngara y su reglamento, decreto 104/1991.)

¿Se nos dirá que existen críticas jurídicas y se señalarán inconsistencias y defectos? No cabe duda y en esto consiste el colofón de la tercera contrapartida:

Será necesario aceptar muchas soluciones jurídicas que en la teoría más pura no son las más correctas pero que responden a situaciones de hecho que hay que enfrentar con justicia.

Se actúa justamente cuando la solución consiste en lo siguiente:

Los principios se mantienen pero no se fuerzan situaciones insostenibles, ni se reconocen derechos de propiedad emanados de actos ilegales.

Cuarta contrapartida jurídica.

La restitución o la indemnización son optativas. Se escoge una u otra. El aceptar cualquiera de las dos equivale a dar saldo y finiquito a cualquier reclamación.

La seguridad jurídica exige que las reclamaciones se resuelvan y se ponga término a una situación de inestabilidad. Lo más probable es que con o sin Ley Helms los tribunales americanos se inhiban de conocer de reclamaciones cubanas una vez que Cuba sea libre. La sección 302.8.d) ya establece que las sentencias de los tribunales americanos no serán ejecutables contra un gobierno de transición o un gobierno electo democráticamente En dichas circunstancias lo más práctico para un tribunal americano es remitir el pleito a la jurisdicción de origen donde se pueden practicar las pruebas.

Como es sabido, la ley Helms también faculta al Presidente para suspender los pleitos de los cubano-americanos. Ya lo ha hecho en circunstancias menos favorables, de modo que se puede prever que dicho comportamiento se repita.

Quiere decir que lo que ofrezca el gobierno cubano a los cubanos será discutible y recurrible en Cuba.

Corresponde pues al gobierno cubano dictar leyes que estimulen la inversión y el retorno de capital y a los exiliados el reconocer las límitaciones económicas que el gobierno enfrentará.

La contrapartida es:

Para el exilio, aceptar menos de lo justo, a cambio de estabilidad y oportunidad. Para el gobierno cubano, aceptar que lo que no pueda pagar como indemnización debe suplirlo creando un Estado de Derecho que permita producir legítimamente la riqueza que el país perdió.

En definitiva las grandes pérdidas se enjugan con ganancias y no reclamando a quien no puede pagar.

Quinta Contrapartida Jurídica.

El proceso de privatización tiene que ser llevado con arreglo a derecho.

El gobierno no puede dar preferencias a unos cubanos respecto a otros basándose en ideologías o lealtades, ni liquidar activos en forma privada y no transparente. Repetir la llamada "piñata" organizada en Nicaragua por los Ortegas, donde antes del cambio se repartieron entre la "nueva clase" las mejores casas etc., sólo crearía en Cuba nuevas disensiones y entorpecería el desarrollo.

Por otra parte, organizar las transferencias sin crear incompatiblidades entre los funcionarios del gobierno y el acceso a cargos o posiciones accionarias en las empresas subastadas tambien sería fuente de corrupción. El proceso debe evitar "negocios previos" entre los que venden y los inversionistas, sancionándose severamente qualquier infracción, por quien sea, de las reglas que se dicten.

Las subastas de propiedades deben efectuarse con avalúos previos, balances de las empresas y reglas para que los precios mínimos de salida en cada subasta y el sistema de pujas y puestas sean razonables, abiertos a todos y supervisados por auditores independientes o subastadores que ofrezcan las garantías necesarias (incluso fianzas) respecto a la transparencia de su gestión.

La legislación de Europa Oriental ha acogido estas ideas de sentido común estableciendo

incompatibilidades entre los cargos de gobierno y los de las empresas vendidas.6

El exilio por su parte debe aceptar que este proceso implicará la suspensión o no aplicación de las garantías a la propiedad e indemnizaciones y recursos judiciales en caso de expropiación que el artículo 24 de la Constitución del 40 concedía. El art. 24 o la regla de igual contenido que lo suceda tendrá que ser aplicado de la privatización en adelante. No existe otra forma pacífica ni práctica de hacerlo pues de lo contrario no existiría seguridad jurídica. Estos principios también han sido acogidos por otras legislaciones.

Además el exilio debe cooperar con su capacidad profesional al saneamiento del proceso y abstenerse de proponer transacciones que no sean correctas. La legislación de privatización debe sancionar fuertemente cualquier intento de cohecho directo o indirecto.

Sexta Contrapartida Jurídica.

Se reconocerá el principio de que es necesario el capital extranjero, pero se intentará proteger en todo lo posible que la propiedad pase a manos de cubanos residentes en la isla. Esto implica reserva de las indemnizaciones para aquellos que residan en Cuba permanentemente, sin importar que se hayan exiliado o no. Lo que se pretendería es que el producto de lo pagado se gaste o invierta en Cuba y no en el exterior. Asimismo será necesario un sistema para financiar la compra por los empleados de lotes de acciones de las empresas privatizadas, mediante créditos suaves a largo plazo amortizados con deducciones salariales, o métodos que produzcan un resultado similar7.

En otras ocasiones hemos analizado el tema del cambio Constitucional y legislativo que será necesario.8La Constitución vigente, que data de 1976 con reformas en 1990, no es un documento susceptible de reforma ni adaptación para promover un cambio. Se inspiró en la Constitución Estalinista de 1936 y no fué creada para limitar el poder sino para consolidar la hegemonía de un partido y un sistema. Carece de la división de poderes y funciones que garantizan que el poder no se concentre arbitrariamente, ya que supedita el Poder Judicial al Legislativo y ambos al Ejecutivo. 9 Además no contiene un sistema de control de la Constitucionalidad de las Leyes en tanto en cuanto, que en forma absurda, hace a la Asamblea del Poder Popular juez y parte, al encomendarle la revisión de la Constitucionalidad de las leyes que ella misma aprueba.

Tampoco hay garantías electorales ni división de partidos, concentrándose el poder en uno sólo por expreso mandato Constitucional. Consecuente con esa lógica el sistema permite la concentración de cargos en personas reputadas fieles al régimen dándose el inaudito caso de que en Cuba se pueda ser juez y diputado al mismo tiempo.10

Para el caso cubano vale resaltar la ausencia de ciertos elementos que se dan por sentados en otras sociedades. No hay en la Cuba actual concepción de empresa, ni de libre contratación porque nunca en los últimos 40 años han existido empresarios libres ni leyes que les permitieran actuar como tales. Esta situación es tan típica en los regímenes que vuelven de la tiranía estatizante, que uno de los primeros pasos de los países de Europa Oriental fué dictar leyes sobre la libertad de empresa.11

En estas circunstancias, hablar del mercado como si fuese el maná caído del cielo que resuelve todos los problemas automática e inmediatamente es tan ilusorio que casi resulta engañoso.

Es la experiencia de Rusia, Polonia, etc., donde la retórica se adelantó en mucho a los resultados.

Se puede hablar de una economía de libre empresa y contratación que produzca mercados libres, pero hay que explicar que son y como se llega a ellos. No se puede suponer una cultura económica donde no ha existido más que el capricho y la orden arbitraria. El haber hecho poco caso a este simple hecho, y exagerar lo que se puede obtener a corto plazo, es en buena parte la causa de muchas sorpresas políticas recientes en diversos países de Europa Oriental.

Los antaño responsables por la destrucción de la economía, los enemigos de la libertad política y empresarial, han vuelto al poder (adoptando un barniz de libertad), por la torpeza política, debilidad conceptual y falta de vocación didáctica de los que piensan que las transformaciones económicas se hacen solamente con leyes y reglamentos. Esta formación mental es la causa de que con frecuencia se apliquen teorías concebidas en gabinetes de estudio por extranjeros no comprometidos con la realidad social del país, que pueden permitirse el lujo de opinar, insistir en sus ideas y luego marcharse sin asumir las responsabilidades.

Dicha torpeza ha producido esquemas de aplicación festinada de ideas muchas veces buenas, con los consecuentes abusos y concentraciones de riqueza dudosamente adquirida. Los que quedan fuera del "reparto" de bienes del Estado lo resienten y votan por los que con su tiranía pasada hicieron posible tal estado de cosas. ¿Enigmas de la conducta humana? No ciertamente; esto es previsible y debemos pensar en como no se reproduce en Cuba.

Privatización: Cómo y cuándo.

Hay dos escuelas básicas, la del "shock" y la del gradualismo y una tercera que vive escondida dentro de ambas, que llamaríamos la del sentido común.

La escuela del "shock" preconiza la necesidad de actuar de inmediato para resolver problemas de décadas, antes de que el gobierno de transición a la economía libre agote el capital político de que dispone frente a la población. El postulado es aparentemente razonable, pero adolece de exceso de énfasis en su planteamiento. Los que plantean el tema son usualmente producto de sociedades occidentales y, subconscientemente, entienden por capital político el asentimiento prestado por una población a un gobierno electo democráticamente en un país que goza de instituciones tradicionales y fuertes.

En las transiciones que examinamos, tal asentimiento obviamente no existe, lo que existe es un sentimiento de alivio y de esperanza de que las cosas mejorarán, pero no hay concreción de pensamiento respecto a cómo se logrará la mejoría ni a través de que instituciones y leyes. Imposible que exista, no hay base educativa ni experimental.

El "shock" es pues esencialmente oportunista. Sus proponentes dirían: "Actuemos mientras podamos pues después se cerrarán las puertas de una sociedad acostumbrada al anquilosamiento y la inercia y las reformas serán imposibles."

Además, se piensa que el "shock" quiebra las bases del poder político del estado socialista en tanto que transfiere las nóminas y las inversiones fuera de la esfera de control de los que dirigían el sistema anterior.

El peligro del shock es la secuela de resentimientos y negocios turbios que deja tras sí, debido a la festinación con la que frecuentemente se actúa para enfrentar problemas muy complicados que usualmente requieren estudio a fondo. La rapidez lleva al error conceptual, y la subasta o entrega inmediata de empresas frecuentemente no se hace en las condiciones más ventajosas para la sociedad. Su ventaja es mover el proceso adelante y mostrar a la población que existe otra forma de hacer las cosas.

El gradualismo por su parte pretende escoger los momentos y estudiar las situaciones. Teóricamente también es razonable. Hay problemas industriales y agrícolas donde se puede hacer más daño que bien si no se ponderan las soluciones. Pero tiene el peligro de la inercia y la consolidación de posiciones de los que regentean las empresas, con la eventual resistencia al cambio y uso de la demagogia para mantener sus cargos.

La realidad es que ambas posiciones tienen riesgos y ninguna satisface plenamente desde un punto de vista práctico. Por ello es que ninguno de los dos modelos puede presumir de pureza. Se hacen cosas oportunistas y cosas graduales porque así vienen las circunstancias. El arte de este proceso consiste en mezclar las dosis convenientes y suministrarlas en el tiempo adecuado.

¿Cómo actuar ante esta disyuntiva en el caso cubano?

Con el sentido común y la mezcla de soluciones, sin importar lo que digan los teóricos a ultranza.

Pero existe un asunto a resolver "a priori" que está íntimamente ligado al asunto de la privatización: se trata de la moneda. Seríamos partidarios de una flotación monetaria inmediata porque habrá que privatizar en términos de dólares.

Además, Cuba no es país que toleraría aún por un corto plazo las distorsiones y abusos de un control de cambios, ya que puede preverse que habrá una buena cantidad de dólares por concepto de turismo, remesas familiares e inversión. Aceptado lo anterior, lo mejor será sincerar la tasa de cambio del peso desde el primer momento y dejar que la población se acostumbre a ganar y ahorrar en una moneda que tiene un valor real. En este caso el "shock" no lo es tanto porque de hecho el dólar sería la moneda de curso para las operaciones importantes, en tanto el peso adquiera estabilidad y merezca la confianza de la población. En cierta forma el gobierno actual ha comenzado ya a andar por ese camino con la creación peculiar del peso convertible.

Volvamos al tema. Hay asuntos que se prestan al "shock" y temas en los que es puede resultar dañino.

Ejemplos de lo primero son el turismo y la empresa familiar y de servicios personales.

El turismo, como industria de servicios que requiere atención y esmero y que crea muchos empleos de inmediato, es el tipo de actividad donde existe poco riesgo en privatizar rápidamente; sabida la poca aptitud del Estado para los negocios de servicios y que el producto a vender en buena parte consiste en la naturaleza.

El mismo nivel de riesgo existe en permitir la industria familiar y de servicios personales. Pero es que en estos ejemplos en realidad no hay "shock" puesto que no se deja a casi nadie sin trabajo, ni se restringen sus ingresos o la capacidad de aumentarlos.

El "shock" se produce cuando hay que racionalizar empresas con alta empleomanía, que requieren asimismo inversiones importantes en equipos para mantenerse técnicamente al día y capaces de competir en precio y calidad.

En este caso, la privatización frecuentemente se convierte en un problema de reconversión industrial debido a que el Estado, durante su gestión, no ha mantenido las empresas a un nivel técnico que las haga viables. En otros casos podrá existir un panorama mezclado, con empresas totalmente ineficientes dentro de un giro, que son prácticamente chatarra y algunas que pueden mejorarse y hacerse aptas para competir a nivel internacional.

En estas situaciones el "shock" es inevitable ya que el Estado, de por sí quebrado, mal puede sostener empresas que por sus pérdidas aumenten el déficit estatal. La solución conlleva rebajas de personal y cierre de empresas, problemas muy serios en una economía postrada que no genera empleos suficientes. Junto a ésto existen los costos de mitigar sus efectos, o sea pagar una prestación social que al menos provea una subsistencia digna a las personas desplazadas, y/o los costos de volver a entrenarlas en otra profesión u oficio. Estos costos, que son por cuenta del Estado, recargan sus presupuestos y aumentan los déficits.

Probablemente la industria azucarera, la mayor empleadora de personal en Cuba necesite una reconversión a fondo. Tendrá que hacerse en forma tal que el Estado no acabe manteniendo en su cartera sólo las empresas permanentemente deficitarias e ineficientes para las cuales será imposible encontrar compradores u operadores privados. Esta industria es un ejemplo clásico de los problemas del "shock", puesto que es evidente que no se puede actuar sin contar con un plan bien pensado, que provea oportunidades de empleo a los desplazados de empresas ineficientes. El tema azucarero se agrava además por el carácter dual de la industria ya que su rama agrícola plantea problemas de más lenta solución y de mayor conflicto social que la rama industrial.

En general el asunto agrícola es de los que no se adaptan muy bien a soluciones rápidas y requiere un volumen de trabajo preparatorio importante así como educación y legislación especial.

Financiamiento del "shock".

Hablar de shock sin discurrir en como se financia es o una simpleza o una majadería. Sin embargo la literatura económica está plagada de verdades de Perogrullo sin desarrollo ulterior. En este tema se abusa de enunciar lo obvio sin decir cómo se hace, y cuáles son sus consecuencias inevitables. Es una verdadera disyuntiva: si el estado continúa manteniendo empresas que den pérdidas, yerra en el método de cumplir una obligación social, i.e. crear empleo. Pero cerrar empresas y sumir a una parte importante de la fuerza de trabajo en la desesperanza tampoco es aceptable.

A nivel estatal, la solución parcial que se ha dado a estos problemas es la de gestionar créditos para efectuar la reconversión industrial y la transición. Los créditos supuestamente deben emplearse en re-entrenar la fuerza de trabajo, pagar indemnizaciones o prestaciones sociales a los dados de baja, etc. El Estado pudiera entonces pasar las empresas restructuradas a la empresa privada dándole la oportunidad de crear fuentes de trabajo que generen beneficios y paguen impuestos con los que amortizar los créditos.

Sin embargo, estos créditos por necesidad provienen de instituciones multilaterales (no son aptos para la empresa privada) y tienen tres problemas. Primero, usualmente son insuficientes, segundo frecuentemente los plazos de pago son demasiado cortos, no dando tiempo a que se generen los ingresos fiscales necesarios para su amortización y finalmente su tramitación es lenta, no teniendo muchas veces la virtud de ser oportunos. En adición los créditos vienen acompañados de una serie de condiciones financieras respecto a la política fiscal, política de precios, déficits públicos, tasa de cambio, etc. Se pretende con estas medidas que el Estado no caiga en la solución ilusoria de crear dinero e inflar para pagar sus deudas.

Las condiciones mencionadas, en términos de asegurar una gestión económica que garantice el pago del crédito son lógicas, pero el sistema tiene trazas de ser cambiado y ampliado en forma radical .12 El problema de las condiciones financieras, consiste en su aplicación, y en el precio de independencia política que es aceptable pagar por un crédito, dado que los créditos no son nunca suficientes y que las necesidades sociales se multiplican y se presentan con urgencia.

b) Dentro de este esquema cabe lo que señalábamos anteriormente sobre indemnizaciones y restitución. Se debe indemnizar en la medida de lo posible, tal como hacen las legislaciones de la Europa Oriental o sea sin quebrar al Estado (no hay otra salida); y se debe restituir con criterio de función social o sea a quien pueda poner el activo a producir en forma rentable y asegure así la creación continuada de empleos. Si el dueño antiguo no es capaz de asegurar este resultado le cabe la opción de elegir la indemnización o asociarse con alguien que tenga mayores recursos para acceder a la subasta de los activos. En este caso utilizaría sus cupos de indemnización como parte del precio, autofinanciando así la indemnización.13

c) La contratación de créditos con las instituciones multilaterales debe hacerse en condiciones sensatas. Si los plazos de amortización son de imposible cumplimiento es mejor no aceptar el crédito. Si las condiciones de política a seguir son tan estrechas que no permiten un campo de acción legítimo será también mejor no aceptar. Cuba ha vivido con tan poco por tanto tiempo, y tiene tantas posibilidades que no puede ni debe hipotecar su futuro político ni económico por el Bíblico plato de lentejas. Aunque las ayudas facilitarían el proceso de reconstrucción recuérdese que nunca serán suficientes en cantidad ni oportunidad.

Las soluciones parciales tienen un precio que no puede ser exagerado, ni tampoco pueden conllevar la aceptación de un sistema de paternalismo tal que retrase una vez más el desarrollo político e institucional de la isla. Ya llevamos casi cuarenta años sujetos a diversos "sabios" domésticos y extranjeros y es hora de que se aplique el principio de "vox populi vox Dei."

d) Lo anterior nos lleva nuevamente al tema jurídico/financiero. Para salir adelante, aún sin ayudas multilaterales de importancia, hace falta contar con un sistema legal que dé garantías tales al inversionista, que lo que no se supla por una fuente entre por la vía preferida de la inversión privada. Una buena legislación Mercantil y seriedad en su aplicación, (buen sistema judicial) haría de Cuba un destino muy atractivo para las inversiones, fomentando así la flotación de emisiones de títulos valores que financiarán la reconstrucción y serían el verdadero motor de ésta. Igualmente, el sistema fiscal debe proporciar estímulos a la reinversión de las utilidades de las empresas mediante desgravaciones fiscales.

Una legislación de Bolsa moderna y dinámica permitiría además canalizar parte del ahorro popular a valores bursátiles, potenciando así la participación accionaria de los empleados en las empresas; y haría más interesante la creación de fondos de retiro que inviertan parte de sus activos en valores. Una vez que este proceso de contribución al retiro e inversión de los productos en títulos valores cobra impulso, se convierte en una máquina de movimiento perpetuo. El capital generado por las empresas que lanzan emisiones permite la creación de nuevos empleos y de personas que ahorran y contribuyen a sus fondos de retiro. El ahorro a su vez genera nuevo capital, parte del cual se invierte en acciones. Dicho ahorro debe ser estimulado, desgravándose por completo los pagos por concepto de intereses. Las ganancias de capital también deben ser desgravadas a ciertos niveles populares y gravadas a una tasa preferente a otros niveles, a fin de estimular la inversión.

El dinamismo bursátil facilitaría resolver el problema de las indemnizaciones, pues la creación de nuevas empresas con salida a Bolsa hace que los que reciban cupones de indemnización puedan invertirlos en empresas con crecimiento. Todo esto se ha ensayado ya con buenos resultados en Europa Oriental, pero confiamos en que puede ser mejorado en Cuba, dada nuestra proximidad a los mercados de capitales y la capacidad de gestión financiera de muchos cubanos, que conocen bien el medio por haber trabajado en él.14

e) El principio de comprometer a la sociedad tiene dos vertientes una general y otra específica.

En general significa la necesidad de explicar al pueblo que aunque el desastre lo gestó un sector de la sociedad nos afectó a todos dentro y fuera de Cuba. Y que a todos nos toca colaborar en la solución, pagar nuestra parte del costo de la reconstrucción y beneficiarnos de sus resultados.

Frente a los desastres no cabe un individualismo exagerado donde cada cual pretende lo máximo. Los ciclones afectan por igual a los buenos y a los malos, no son justos.

En sentido específico comprometer significa que tiene que existir una aportación tangible de cada cual. No se trata de un compromiso retórico.

Método: Un fondo para la reconstrucción debe ser organizado, y nutrirse de los ingresos producto de las ventas por concepto de privatización, un impuesto especial ad valorem aplicable solamente sobre artículos de uso suntuario (se controla así el consumismo demencial, tan frecuente en las transiciones) y un recargo modesto al impuesto sobre la renta, aplicado al exceso sobre cierto nivel de ingresos.

El objetivo debe ser no sólo recabar fondos, sino crear un ambiente de solidaridad donde a medida que los beneficios del cambio llegan a ciertos sectores de la población, sean revertidos precisamente en entrenar al elemento humano que hará posible el cambio. Con ésto explicamos el propósito del fondo: educar, buscar empleo a los desplazados y durante ese período cubrir sus sueldos. Los beneficiados a su vez pagarán impuestos al fondo cuando estén empleados y sus ingresos lleguen a un nivel adecuado.

En términos económicos la contrapartida que tenemos que aceptar es:

La primera produce la capacidad de enfrentar los múltiples problemas que explicamos con un espíritu inteligente y práctico. La segunda nos puede conducir a ser nuevamente manipulados, explotados y sujetos tal vez a una nueva tiranía que no por más sutil deja de ser menos peligrosa.

IV- EL ASPECTO POLITICO

Por alguna razón a lo largo de su historia, Cuba ha sido país de contrapuntos, desfases y reacciones sorprendentes. La última colonia en separarse de España, fué la primera en incorporar ciertos adelantos como el cable trasatlántico con Europa, y los ferrocarriles. Fué a su vez el conflicto colonial más notable de finales del siglo XIX. Sufrió el ataque de una fuerza expedicionaria desmesurada relativa su población y emergió devastada de la guerra del 95, para recuperarse con rapidez vertiginosa.15